“El sabor amargo del petróleo”

Darse un baño en agua negra y grasosa, beber agua amarga y comer pescado con sabor a petróleo no cabía ni en la imaginación de muchas familias del pueblo Shipibo-Conibo, que en 1974 se mudaron de orilla para salvarse de las aguas bravas del río Ucayali.

El nuevo lugar donde se organizaron en Comunidades Nativas (Canaán de Cachiyacu y Nuevo Sucre), era ideal para vivir; pues les ofrecía, además de un área más eleveda, quebradas maravillosas con aguas limpias llenas de palometas, bocachicos y otros peces amazónicos, bosques tupidos donde recoger frutos, plantas aromáticas y medicinales e ir de caza.

Sin embargo, nada les hacía presagiar que en sus territorios ancestrales el Estado peruano había descubierto reservas de petróleo, las mismas que luego serían vendidas a la Empresa internacional Maple Energy plc., que opera en Perú bajo el nombre de Maple Gas Corporation del Perú S.R.L., para la explotación y exploración de hidrocarburos en los lotes 31-B y 31-E, denominados campos de Maquia y Pacaya, respectivamente.

No sólo la existencia de petróleo en sus territorios les era desconocido, sino también los proyectos de explotación en sus tierras y territorios.

Desde el gobierno dictarorial de Alberto Fujimori (1990-2000) las puertas de la economía peruana se abrieron a las inversiones extranjeras, especialmente en hidrocarburos. Desde entonces los diferentes Gobiernos se han entregado fervorosamente a suscribir con países ricos, de donde vienen los inversores, convenios de promoción y protección de inversiones y tratados de libre comercio (TLC) con cláusulas de inversión.

Como el Estado se considera “soberano” sobre todos los recursos naturales del país, incluidas las reservas hidrocarburíferas, ha lotizado gran parte del territorio peruano para venderlo, habiendo comprometido para ello más del 71% de la Amazonía (de 78 millones de hás.).

Esta lotización está afectando gravemente la existencia de muchos pueblos indígenas de la Amazonía peruana, sobre cuyos territorios están superpuestos aproximadamente 47 lotes hidrocarburíferos. En la Amazonía de Perú viven 60 pueblos originarios (indígenas), sin contar a los pueblos autónomos (en aislamiento), quienes viven especialmente en las cabeceras de los ríos y alejados del mundo occidental.

El Gobierno y Maple han firmado contratos de concesión sin el conocimiento ni aceptación de las comunidades indígenas, afectando así sus derechos humanos colectivos como el derecho a sus tierras, territorios y recursos naturales, a la libre determinación y a la consulta previa e informada en caso de proyectos que los afecten, reconocidos internacionalmente por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas.

Maple, además de ocupar territorio shipibo y tierras comunales, viene contaminando con petróleo y residuos químicos tanto sus bosques, como suelos y aguas de las quebradas de Cachiyacu, Mashiria, Yarinillo y Yarina, provocando así la pérdida de la biodiversidad y limitando gravemente el acceso de los pobladores a sus propios recursos naturales vitales. Esto los obliga a vivir en pobreza o huir a ciudades cercanas.

“Es la cuarta vez que sufrimos la misma desgracia” dice Edith Burga (54), una mujer de Nuevo Sucre, refiriéndose al último derrame de petróleo ocurrido este 10 de julio, el mismo que alcanzó las aguas de la Quebrada de Mashiria, dejando a su paso la muerte de peces e intoxicando a la población. El Mashiria es fuente de agua para el consumo, además en él se bañan los pobladores y allí viven los peces que los alimentan. Beber el agua con petróleo y comer pescado contaminado les ha provocado la muerte y enfermedades, según denuncian. Los pobladores nunca fueron informados sobre la posibilidad de derrames de crudo ni de las consecuencias y jamás recibieron de Maple un plan de emergencia para esos casos.

Los niños son las primeras víctimas. Leocadia Gómez (34), de Canaán de Cachiyacu sabe lo que es perder a un ser querido: “mi hijo de 10 años ha muerto el 2010. Èl iba después de la escuela a la quebrada de Cachiyacu a beber agua. Èl murió padeciendo de fiebre alta, diarrea y dolores abdominales”. La falta de dinero y la lejanía de los hospitales impidieron un examen médico del afectado.

“Queremos vivir bien y disfrutar de nuestros bosques y quebradas, sin comer ni beber el petróleo” clama Edith Burga, mientras funcionarios del Gobierno de turno están convencidos de continuar con la “política de promoción para atraer más inversiones” en el sector de hidrocaruburos y triplicar la producción en los próximos cinco años.